Carolina Scotto
Rectora Universidad Nacional de Córdoba

Rafael Velasco
Rector Universidad Católica de Córdoba

La necesidad de reformar las prácticas políticas, y en especial los mecanismos que aseguran la más plena legitimidad de quienes son representantes del pueblo en las distintas responsabilidades de gobierno, es un inequívoco y urgente reclamo de la ciudadanía. Se trata de un reclamo que merece atención, seriedad y decisión.

Diversos sectores y ámbitos políticos y de gobierno se están expresando en ese sentido. Por su parte, vemos con agrado que el intendente de la Capital provincial y el gobernador se reúnan, no crucen agravios y se sienten a conversar sobre temas de la agenda común, para el bien de los cordobeses. Eso es bueno para el más pleno ejercicio de las responsabilidades que los ciudadanos les hemos confiado. Es lo que esperamos.

Uno de los temas que la ciudadanía reclama es la reforma de la reglamentación que rige los procesos electorales. A los legisladores les compete hacer una reforma electoral profunda, seria y de acuerdo a lo que sea mejor para todos. Una reforma de esa magnitud requiere un estudio profundo, amplia consulta y, sobre todo, mucha generosidad para mirar más allá del interés partidario y circunstancial.

Vemos con agrado que los partidos se movilicen en pos de una reforma política. Hay ya numerosos proyectos presentados en la Legislatura. Pero creemos que la nueva política no es tarea sólo de los políticos: es una construcción común de la ciudadanía. Toda la sociedad puede y debe aportar a la construcción de una nueva política. También las universidades y los universitarios podemos y queremos colaborar con nuestro trabajo, desde lo que nos es propio, para que esa nueva política tenga lugar.

El desafío. Por eso, los rectores de las universidades Nacional (UNC) y Católica (UCC) hemos aceptado el desafío de integrar esta comisión consultiva con la finalidad de hacer un diagnóstico lo más científico y ajustado posible de la actual situación, así como acercar propuestas adecuadas. Esas propuestas no constituirán un proyecto de ley –tarea que compete a los legisladores– sino que pretenden ser una fuente de consulta, información y opinión, una ayuda para el trabajo de los legisladores.

¿Cuál podría ser, si no, la motivación de quienes sólo con buena voluntad, honorabilidad y sentido de servicio –y expertise, como es el caso de los académicos involucrados–, pero además garantizadamente independientes de la injerencia de cualquier poder gubernamental, aceptan realizar esta tarea? ¿Qué podría objetarse a la intención de enriquecer la labor y el debate legislativo?

Ayuda desinteresada. Sería una pena que intereses partidarios del momento o reyertas circunstanciales impidieran ver que una ayuda desinteresada de personas que no estamos motivadas por intenciones sectoriales es ya un gesto de compromiso cívico e institucional positivo, más allá incluso de la calidad de los resultados concretos de nuestro trabajo futuro.

Esta comisión ad honorem está trabajando desde hace ya varios días, con el fin de realizar un diagnóstico lo más ajustado posible. Para ello, haremos encuestas y “foco grupos”, convocaremos a todas las fuerzas políticas y sociales al diálogo, escucharemos a especialistas y ciudadanos comunes, a instituciones y organizaciones vinculadas con la temática, investigaremos otras experiencias que puedan ser de ayuda, y redactaremos, finalmente, un documento de diagnóstico y de propuesta sobre los temas centrales.

Si queremos una nueva política, hay que dar oportunidad a nuevas alternativas. La experiencia de comisiones que se conforman con el fin de estudiar un tema y elaborar una propuesta es habitual en los sistemas democráticos occidentales. La Unión Europea adopta esta práctica habitualmente; un ejemplo de ello ha sido el informe sobre Política de Innovación, en el que participaron académicos de la Universidad de Manchester. En Latinoamérica podemos citar –entre varios– dos ejemplos: las llamadas “Comisiones Presidenciales de Vecindad y Asuntos Fronterizos”, con un papel importante en la integración de Colombia y Venezuela, y el Grupo de Trabajo sobre Reforma Electoral (compuesto por universitarios, investigadores y expertos), convocado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que elaboró un informe técnico con diferentes alternativas en materia de reforma electoral.

Convicciones. Los rectores de la UNC y la UCC tenemos la convicción de que debemos sumar nuestro aporte comprometido y responsable, desde nuestros lugares, para la resolución de los problemas de nuestra sociedad, para ayudar a construir nuevos modos de hacer política y de ser ciudadanos. Ésta es una buena oportunidad. Comprometemos lo mejor de nosotros, lo mismo que nuestros colegas, también universitarios, quienes integran la comisión con el mismo sentido de servicio y compromiso.