Por Carlos Rodríguez
Una veintena de organizaciones sociales
y organismos de derechos humanos presentaron ayer un conjunto de ideas
tendientes a abrir “un amplio debate en la sociedad” argentina a fin de
consensuar un proyecto común que sirva para fijar políticas de Estado en materia
de seguridad que se alejen “del actual modelo autoritario” que al procurar “la
seguridad de un determinado grupo social lesiona derechos de los sectores
sociales más desprotegidos”. Las instituciones, que van desde el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), pasando por la Red Solidaria y varios centros de estudios de nivel
universitario, cuestionaron en un extenso documento las políticas de “mano dura”
alentadas desde el Estado por personalidades como el ex gobernador Carlos
Ruckauf o por figuras públicas surgidas a partir de haber sufrido en carne
propia un hecho de violencia, como es el caso de Juan Carlos Blumberg. Lo que se
alienta es la discusión abierta de una serie de políticas públicas que terminen
con la simple ecuación que dice: “A mayor violencia, más legislación punitiva y
más castigo”.
Uno de los cuestionamientos principales está dirigido al Poder
Judicial, que se limita a la “detección y castigo ejemplificador de las
conductas delictivas” por ser esa una concepción “profundamente autoritaria”. En
la crítica se puso el acento sobre “las desigualdades abismales que existen hoy
en el acceso a la Justicia” porque con ello “no se juega solamente un problema
de principios, sino también de eficiencia”. Esa desigualdad lleva a que el Poder
Judicial se desvista “de su razón de ser en una sociedad democrática: el control
de los otros poderes y la protección de los derechos ciudadanos. Por ello, el
principal aporte que el Poder Judicial debe hacer en materia de seguridad es
modificar sus prioridades”.
El documento fue firmado también por la
Asociación de Derechos Humanos, la Asociación El Agora, el Centro Nueva Tierra
para la Promoción Social y Pastoral, la Conferencia Argentina de Religiosos y
Religiosas, la Universidad Nacional de Lanús, el Foro de Derechos Humanos de San
Isidro, el Foro para la Justicia Democrática, Poder Ciudadano, el Inecip de
Córdoba, el Instituto de Altos Estudios Sociales, el Instituto Latinoamericano
de Seguridad y Democracia, el Laboratorio de Políticas Públicas, el Programa de
Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad de la Universidad de
Quilmes, la Universidad de Rosario. También lo firman Martha Pelloni, Jorge y
Raquel Witis y el rabino Daniel Goldman. Los firmantes toman como punto de
partida que “la cuestión de la seguridad ciudadana ha emergido desde la segunda
mitad de la década del ’90 como tema central capaz de poner en juego la
capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas”. El problema “exige
políticas responsables y soluciones efectivas para la protección de los derechos
de las personas”. Se parte de una premisa que indica que “la inseguridad afecta
a la sociedad en su conjunto”, pero en los hechos concretos “la sufren en forma
particularmente grave los sectores de menores recursos”.
Para avalar la
afirmación se pone como ejemplo que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires,
donde se concentra el 30,7 por ciento de la población total, vive el 60,2 por
ciento de los habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En ese
marco se registró, en 2002, el 36,3 por ciento (62 casos) de los homicidios en
la Capital Federal, mientras que en 2003 las cifras llegaron al 35,9 por ciento
(51 hechos).
Lo que se recomienda son “políticas de seguridad inclusivas que
protejan a los diversos actores” sociales y no que contemplen sólo “los derechos
de un determinado sector social” y menos aún que promuevan “la seguridad de un
determinado grupo social a costa de los derechos de los demás”. Se alientan
políticas contra el delito que no produzcan exclusión social.
Los firmantes
parten de la convicción de que “sólo un nuevo enfoque del tema permitirá encarar
una política de seguridad inclusiva que amplíe el ejercicio de los derechos en
lugar de restringirlos”. Para evitar la restricción hay que “hacerse cargo del
reclamo de mayor seguridad de un modo responsable”. Esto significa “otorgarle su
real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no
limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos
delitos ocurran”. Se insiste en que “la negación de las múltiples facetas del
problema solo conduce a la restricción y no a la protección de los derechos”.
El trabajo cuestiona tres tipos de planteos que se hacen sobre el tema y que
agravan el problema. Uno de ellos es el que promueve “el orden público” y que
tiene por objeto “el reforzamiento del orden en las calles” ignorando “derechos
y garantías constitucionales”. Un segundo modelo tiene iguales fundamentos, pero
para disimular su autoritarismo menciona la necesidad de mantener en pie los
derechos aunque utiliza “un concepto tan restringido que vacían de contenido el
sistema democrático y el estado de derecho”.
La tercera alternativa que se
critica son los discursos “con una noción más amplia de derechos, en los que la
cuestión del orden no se impone por sobre los derechos, pero que no logran
articular respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana, pues o bien
derivan las soluciones a una mejora genérica de las condiciones sociales o bien
las limitan exclusivamente al control de las instituciones de seguridad”.
Para las organizaciones que aportan sus ideas al debate, “un enfoque
responsable debe tomar en consideración el proceso previo al aumento de la
violencia en general y el delito en particular, y de la manera diferencial en
que ambos afectan a distintos grupos sociales”.
Esta visión del problema
“exige intervenir sobre los sectores de la actividad delictiva más protegidos
por su relación con el Estado, que gozan de impunidad y presentan mayores
dificultades para ser sancionados”. Piden políticas públicas que vayan más allá
de lo social. Se propugna la articulación de políticas no relacionadas
únicamente “con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino
también acciones relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la
salud”.
Se alienta la solución pacífica de conflictos, tomando como ejemplo
la experiencia piloto de los Foros de Convivencia desarrollados en el marco del
programa Comunidades Justas y Seguras de la Universidad de Rosario y la
Universidad de Toronto. Este programa se hizo en los barrios de extrema pobreza
de la ciudad de Rosario, tomando como base el modelo de seguridad canadiense,
que nada tiene que ver con la “tolerancia cero” impuesta en Nueva York y otras
ciudades norteamericanas.
Se recomienda, para enfrentar el problema de la
violencia real, que se rechace la imagen sobre la existencia de dos fuerzas
opuestas: la violencia social y la violencia estatal. Este enfrentamiento
determina que “ante el incremento de la violencia delictiva, es necesario
incrementar la fuerza estatal”. Sobre este punto se hacen distintas sugerencias:
- Ponerle fin a “la obligación de los agentes de portar armas y de
intervenir cuando están fuera de servicio”.
- Revisar la relación de los
policías con otras instituciones y poderes, y sus vínculos con la sociedad
civil.
- Evitar las interpretaciones “simplistas e ingenuas” porque “es
peligroso desconocer que el autoritarismo y las prácticas discriminatorias no
son sólo producto del accionar estatal autónomo o aislado, sino modos de
articularse entre los ciudadanos y las instituciones”.
- Para eso es
necesario “garantizar asemejar la estructura y la cultura policial a la de otras
instituciones civiles, profesionales, jerarquizadas, separándolas del modelo y
cultura militar”.
