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| Jornada por la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. |
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| La transparencia debe estar en la agenda de todos los ciudadanos porque fortalece la calidad de nuestras instituciones democráticas e impacta en las políticas que afectan nuestra vida. Esta fue una de las conclusiones del encuentro realizado en el Auditorio Diego de Torres de la UCC. |
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Panel de Justicia y Acceso a la Información Pública.
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Generar espacios para la discusión en relación a la importancia de la Transparencia y el Acceso a la información pública como medios de apertura del Estado a los ciudadanos. Ese fue el objetivo que, el martes 23 de marzo, reunió en nuestra ciudad a destacados expositores locales, nacionales e internacionales que, junto a un público variado conformado por juristas, políticos, comunicadores, politólogos, vecinalistas, estudiantes y ciudadanos interesados por la temática, debatieron en la Jornada ‘Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana’.
El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Católica, la Asociación civil El Agora y Fundación Avina, giró en torno a cuatro ejes temáticos que hicieron foco en la Transparencia y el Acceso a la Información Pública desde las miradas de la participación ciudadana, la justicia, el periodismo y el Estado en sus niveles nacional, provincial y local.
Ciudadanos que lograron Estados más transparentes
La jornada comenzó con la mesa ‘Movilización y participación ciudadana como estrategias para la transparencia en el Estado’ en donde se presentaron experiencias en las que ciudadanos movilizados lograron avances en legislación y políticas de Estado en favor de la transparencia.
Diego Correa, de la Fundación Pro-Acceso (Chile), abrió la mesa y presentó el caso Claude Reyes, que impulsó la creación de una Ley para garantizar el acceso al información púbica en Chile. “Fue un ejemplo de movilización ciudadana nacional e internacional que permitió el nacimiento de un nuevo paradigma institucional en Chile”, manifestó.
Lo siguió Guillermo Worman quien comentó el trabajo que el Centro de Estudios Patagónicos viene realizando desde hace 10 años en 22 ciudades de 5 provincias de la Patagonia en las que, gracias a la participación ciudadana, han logrado la creación la implementación de leyes y ordenanzas de Acceso a la Información Pública.
En el mismo panel Estela Pérez Moncunill, de la Fundación Ejercicio Ciudadano, destacó los avances realizados desde el municipio de Rosario en la materia y sobre la necesidad de instalar el compromiso, más allá de los niveles decisorios, en el propio personal de planta que suele tener mayores resistencias a la apertura por las implicancias que tiene en su propio trabajo.
El cierre de esta mesa estuvo a cargo de Paola Ninci, de El Agora, quien disertó sobre el estado actual en la materia en laa nivel provincial y municipal (Ver...
El programa de la jornada continuó con el panel ‘El Periodismo y el Acceso a la Información Pública’ en el que participó Oscar Londero, periodista y editor de Accesolibre.org, que expuso el trabajo que viene realizando desde el portal web Accesolibre.org en la provincia de Entre Ríos para promover información relacionada al derecho de acceso a la información y difundir noticias elaboradas a partir de pedidos de información realizados a organismos oficiales. Lo acompañó Miguel Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC) quien destacó la labor que se realiza desde la sociedad civil para promover la transparencia y remarcó la necesidad de fortalecer y defender al Estado de aquellos paradigmas e intereses que buscan limitarlo y reducirlo cada vez más. |
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| Panel de Participación Ciudadana para la apertura del Estado. |
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A su vez, manifestó que existe en la sociedad civil y el periodismo comprometido un enorme potencial para instalar temas trascendentes para la sociedad y, de esa manera, centrar la discusión en los aspectos estructurales más que en aquellos datos anecdóticos. Si bien los esfuerzos aislados son importantes, es necesario potenciar el impacto de estas transformaciones. Para ello, es necesario ampliar la escala de las organizaciones y personas preocupadas y ocupadas en el tema y en esta tarea los medios de comunicación tienen una responsabilidad primordial, concluyó Rodríguez Villafañe.
Adoptar la Transparencia como política pública
Por la tarde, llegó el turno de los panelistas representantes del Estado. Germán Stalker, consultor en Políticas Públicas y Transparencia, presentó los avances que se habían alcanzado con la implementación del Decreto Nacional 1172 desde la Subsecretaría para la reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de Jefatura de Gabinete. Sin embargo, en diciembre de 2009 la misma gestión que impulsó esta apertura del Estado marca un cambio de rumbo en política de transparencia mostrando un claro retroceso en esta materia a nivel nacional.
Paulo Friguglietti, Director Provincial Anticorrupción y Transparencia del Sector Público de la de Santa Fe comentó que partir del decreto del Poder Ejecutivo han creado "un mecanismo a través del cual el ciudadano puede acceder y solicitar información que le pertenece porque es pública”.
En el orden municipal, María Celeste Conde, Directora de Modernización y Transparencia del Estado, de Morón explicó que a partir de 1999 el Municipio de Morón incluyó a la Transparencia como uno de los pilares para reconstruir la confianza entre la comunidad y el estado local.
La otra exposición realizada desde una gestión municipal estuvo a cargo del Vice Intendente de la ciudad de Córdoba Carlos Vicente, quien describió las acciones realizadas para promover la transparencia en el Concejo Deliberante de Córdoba. |
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Todos los expositores y muchos de los participantes del encuentro destacaron la importancia de fortalecer espacios como esta jornada para favorecer la discusión sobre la transparencia y el acceso a la información pública y remarcaron la necesidad de multiplicarlos.
La temática dista mucho de ser exclusivo de un grupo de “jóvenes afrancesados et románticos progresistas”, como manifestó un desorientado y desinformado periodista de un devaluado matutino de la ciudad de Córdoba que confundió este evento con un acto partidario. La transparencia del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) es un problema que debe estar en la agenda de todos los ciudadanos porque no sólo ilumina y fortalece la calidad de nuestras instituciones democráticas, sino que impacta en las políticas de salud, educación, transporte, seguridad y tantos otras cuestiones que afectan nuestra calidad de vida. |
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Acceder a la información pública a través de la justicia
La jornada concluyó con el panel referido a la justicia y derecho a acceder a la información del Estado. En el mimo participó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales quien retomó los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y enfatizó sobre la existencia de la Ley Nacional 25831 sobre Acceso a la Información Pública Ambiental, a partir de la cual se puede solicitar información en cualquier jurisdicción, aunque no existan normas locales ni adhesiones a la misma.
Por su parte Mariela Puga, representante de Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, recalcó el valor simbólico y el impacto que puede provocar en los estamentos estatales el hecho de llevar a la justicia una demanda de información denegada. “Esto puede ser muy efectivo en algunas ocasiones, pero no puede transformarse en la norma. La mejor manera de acceder a la información no puede ser a través de la justicia porque es cara y porque es necesario leer los contextos”, concluyó Puga.
Finalmente, Manuel Garrido, Director del Programa de Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, quien hizo mención de algunos litigios llevados contra el Estado nacional y expresó: “Por más que no existiera ningún decreto ni norma que reglamente el derecho a la información, el litigio es posible apelando a la normativa internacional, como lo testifica el fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes, en Chile”. Además, manifestó que en ocasiones se ha apelado a leyes de otros países para lograr información pública, como en el caso de los cobros de sobornos a una empresa norteamericana para la compra del helicóptero presidencial por parte del ex presidente Carlos Menem. |
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- Descargar. Decreto 1117/2003 del Poder Ejecutivo Nacional.
- Descargar. Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba 8.803.
- Descargar. Ordenanza 10.560 |
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EL CASO CORDOBA: Una Ley provincial y una Ordenanza con limitaciones |
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Desde 1999 la provincia de Córdoba cuenta con la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado –Nº 8803 que establece que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa,
veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la
administración pública provincial, municipal y comunal. La ley garantiza el acceso gratuito a la información y fija un plazo máximo de 10 días hábiles para satisfacer los pedidos, prorrogable en forma excepcional por otros 10 días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Una limitación de esta ley consiste en la definición de información pública, restringida a aquella que sirve de base a actos administrativos.
En el plano local, la ciudad de Córdoba cuenta con una ordenanza, la 10560, que reglamentan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. Sin embargo, las trabas que presenta para ejercer el derecho de acceso a la información van en sentido contrario a lo que se aplica a nivel nacional e internacional.
"La ordenanza 10500, además de ser poco difundida entre los propios funcionarios y en la ciudadanía en general, no fija plazos al Municipio para responder a los pedidos de información y no garantiza la gratuidad del trámite; dos aspectos imprescindibles que debe contemplar toda norma que pretenda asegurar el cumplimiento y garantizar el acceso a este derecho", explica Paola NInci, de El Agora. Si bien el primer paso consiste en reformular la norma para garantizar el derecho, es necesario una política municipal hacia la transparencia. así lo manifiesta Ninci: “Es necesaria una política para garantizar el acceso a la información pública y para ello, además de la existencia de la norma, es necesario generar una estructura institucional interna para adecuar los mecanismos, determinar qué organismo se va a encargar de responder los pedidos de información y quién va a controlar el funcionamiento del mismo”, concluyó. |
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