Claudia Laub *

El reconocimiento de la relevancia que tienen los temas de seguridad en el campo de los fenómenos sociales emergentes en la última década , la creciente importancia en el orden de las preocupaciones de la población, así como de su creciente integración en las agendas gubernamentales como fenómenos condicionantes al pleno desarrollo democrático, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y al crecimiento económico, fundamentan la pertinencia de su integración en la agenda de la producción académica que permita generar una articulación entre la investigación, las políticas públicas y las estrategias de intervención.
Hoy, en el marco de la globalidad, de la extensión de ajustes económicos y regresivos, del incremento de la pobreza y de la brecha entre quienes más y quienes menos poseen, de los esfuerzos por generar condiciones para vivir con mayores niveles de seguridad, obligan a incluir herramientas que permitan involucrar nuevos actores, establecer alianzas y compromisos que reorganice un movimiento en pos de la valorada meta social.

Es necesario propiciar el abordaje de la seguridad desde una perspectiva integradora, reubicando el problema en un contexto más abarcativo que el correspondiente a los ámbitos de justicia y policía. Intentamos instalar el enfoque de la seguridad ciudadana desde una óptica que superara el estrecho marco de la criminalidad.
El riesgo que se pone en juego cuando se habla de seguridad, es que se pueda confundir la democracia, con sentimientos de peligro, de miedo y de urgencia.
Las demandas de seguridad son múltiples, a menudo antagónicas. La seguridad se inscribe en una diversidad de situaciones. Considerar las diferentes violencias urbanas como abuso de poder nos permite quizás tener una mirada diferente de los protagonistas de la inseguridad urbana, y de las políticas de seguridad urbana.
Seguridad e inseguridad urbana se comprenden y explican a través del significado y las consecuencias que los procesos de exclusión y segregación social traen aparejados. Este es el punto de partida para la creación de mecanismos y estrategias de superación.
Insistimos que la inseguridad no es entonces solamente un problema de criminalidad. En general los modelos de seguridad urbana son modelos de juristas. Se hace necesario retomar el tema de la gestión urbana, para luego reintroducir lo legal.
Nuestros códigos jurídicos y sistemas penales no son los únicos que deben ocuparse del problema. La inseguridad que sienten los ciudadanos en su vida cotidiana resulta sobretodo consecuencia de un abandono social. Los ciudadanos se sienten abandonados por sus instituciones, por el personal policial, por su vecindario, por su familia.
La soledad se incrementa por la incertidumbre laboral, las malas condiciones habitacionales, el barrio sin servicios públicos adecuados, las malas condiciones sanitarias. El aumento de enfermedades, de suicidios, de adicciones, la violencia en todas sus formas, pone de manifiesto este estado de abandono.
Enfrentar la inseguridad, es manifestar la voluntad política de poner fin a este abandono, es pensar que todos los ciudadanos de una misma sociedad, de una misma ciudad, de un mismo país , pueden tener los mismos derechos y deberes, y tener acceso al bien común que representa la seguridad.

Frente a la criminalidad: prevención y represión

Solamente si consideramos a la seguridad como un bien común, ésta puede ser co-producida por distintos actores públicos y privados. Esta coproducción implica organización y reglas de funcionamiento transparentes siendo la ciudad el territorio propicio para este desarrollo.
El poder público, reconoce la urgencia, recurre a la respuesta rápida, y aparenta resolver el problema con más leyes, más policía, más control y mayor aumento de iniciativas privadas. Son medidas que impactan, pero no tienen ningún efecto tangible en las calles de las ciudades. La ley es la mejor herramienta para fortalecer la seguridad, para marcar los límites del conflicto, para consensuar los valores que no deberían ser transgredidos. Pero la ley no es la única respuesta. Existen en el seno de la sociedad otras alternativas que la consolidan y complementan ya que la urgencia y la desesperación no nos autorizan a dar respuestas rápidas, erradas, costosas que no tienen nada que ver con el problema real.
No podemos imponer un modelo de prevención , pero si responsabilizar a cada uno en su nivel. Nadie se debe lavar las manos. El mejor nivel para pre-ocuparse por la prevención de la violencia es aquel donde uno está. El peor daño es el de hacer recaer la prevención en un solo nivel de intervención, como lo es el sistema penal.
La prevención tiene que operar sobre los factores de riesgo, es decir reforzar los factores de protección como son la educación, la autoestima, la capacidad de resolver los problemas por fuera de la violencia, la oferta de posibilidades de reparación , la ayuda a los agresores. Es necesario tener un régimen alternativo de penas, cuya ejecución sea creíble, con el compromiso de todos así como la intervención en el mercado de armas y drogas que parece estar protegido y seguro y del que no parecen estar excluidos los chicos.
La represión también debe servir, pero eficazmente y no transformarse en un instrumento de reproducción y agravamiento de los problemas. La represión tiene sus limites, muchos de ellos financieros, por lo que es imprescindible una perspectiva de equilibrio entre prevención y represión. Cada una tiene campos precisos de acción. Una no puede reemplazar a la otra, ni paliar la ausencia de la otra.
Debemos aclarar, para los economistas, que la inversión en represión es mucho mas costosa en sentido económico así como humana, que la prevención que es una inversión de gran rentabilidad humana con muy bajo costo, siendo a veces una simple redistribución de recursos.

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