Por Claudia Laub (*)

La inseguridad resulta, sobre todo, consecuencia de un abandono social. Los ciudadanos se sienten desprotegidos por las instituciones, por la policía, por su vecindario, por su familia. Enfrentar la inseguridad es manifestar la voluntad política de poner fin a este abandono, es pensar que todos los ciudadanos pueden tener los mismos derechos y deberes, el igualitario acceso al bien común que representa la seguridad.

La prevención tiene que reforzar la protección a través de la educación, la autoestima, la capacidad de resolver los problemas por fuera de la violencia, la oferta de posibilidades de reparación, la ayuda a los agresores. Es necesario tener un régimen alternativo de penas, cuya ejecución sea creíble, así como la intervención en el mercado de armas y drogas -que aparenta estar protegido y seguro- y del que no parecen estar excluidos los chicos.

La represión también debe servir, pero eficazmente, sin transformarse en un instrumento de reproducción y agravamiento de los problemas. Es imprescindible un equilibrio entre prevención y represión. Una no puede reemplazar a la otra, ni paliar su ausencia.

La calidad de vida en las ciudades es proporcional a la seguridad que alcanzan sus habitantes. Una utilización constante y masiva de los espacios públicos, en un contexto de convivencia solidaria y de respeto a las diferencias, genera mayor protección social.

En cambio, la inseguridad modifica los usos de la ciudad. El primer efecto es el abandono por parte de la gente de las calles y espacios públicos, y la tendencia a hacerlos privados. Como indicadores de la pérdida de calidad, se observa una baja de los valores inmobiliarios, un deterioro de las construcciones y una menor oferta de servicios (salud, policía, transporte, educación).

El contexto urbano está marcado por fenómenos socioculturales como el crecimiento del sentimiento de inseguridad, la amplificación de hechos generadores de violencia, la disminución del nivel de tolerancia hacia los delitos menores, los actos de corrupción, la falta de civilidad en los modos habituales de relación. Es entonces cuando la violencia se instala como un modo de relación; y la familia, la escuela, el barrio y la ciudad, dejan de desempeñar el rol de contener y dar identidad a sus miembros.

Pensamos que la participación de la comunidad puede contribuir a disminuir los niveles de violencia e inseguridad. Pero, si no se pone en marcha una verdadera transformación de los servicios por parte del Estado (en este caso, una mejora palpable en la atención al ciudadano en las comisarías, juzgados y demás organismos relacionados con la seguridad) ser muy difícil lograr el compromiso comunitario, que se encuentra debilitado -en parte- como consecuencia de muchas promesas incumplidas.

(*) Claudia Laub, Asociación El Agora. Coordinadora del rea de Seguridad Urbana de la asociación El Agora.

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